Esta semana —el miércoles 27 de diciembre con precisión— la comisión revisora y un grupo de expertos iniciarán el análisis de la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, libelo acusatorio presentado en en medio del “Caso Convenios”.
Desde la oposición, surge una perspectiva cautelosa sobre la viabilidad de aprobar el texto, con voces que sugieren que aún no se cuentan con los votos necesarios.
Así fue el caso del diputado de Renovación Nacional (RN) y expresidente de la comisión investigadora del “Caso Convenio”, José Miguel Castro, quienseñaló: “La comisión no representa en cuanto a votos un espejo de la Cámara. Sin duda, lo más probable es que no existan los votos de la Cámara. Pero eso es independiente del trabajo que se puede hacer como minoría. Debemos dar el punto político y remarcar que el ministro Montes efectivamente tuvo una responsabilidad política en términos también administrativos”.
Por otro lado, el diputado y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, sostiene una postura firme que no ven méritos para la acusación constitucional y defiende la continuación de las investigaciones a través de instancias como el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.
“Acusación confusa”
Desde la vereda de los expertos que participarán en la comisión, William García, docente de Derecho Administrativo de la Universidad Diego Portales, señaló graves deficiencias y confusiones técnicas en el libelo.
“Esta acusación me ha parecido que es bien confusa. Hay dos tipos de confusiones que atentan contra su calidad y contra las posibilidades de éxito: la primera tiene que ver con que la acusación confunde a la institución del ministerio con el órgano o la autoridad del ministro, porque hace un razonamiento muy lineal, un razonamiento muy directo. Entonces, al ministerio le corresponde tal tarea, y, por lo tanto, el ministro es responsable, y el ministro debe ser destituido”, cerró.